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El legado de UPYD

El legado de UPYD

Este fin de semana hemos podido escuchar a Albert Rivera reivindicando el legado de UPYD. Posiblemente su objetivo es lograr entre 500 y 600 votos que, según encuestas internas, les faltan en Álava para conseguir representación (fuente: El Mundo).

En primer lugar la RAE define la palabra “legado” como: aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Por más que insistan, UPYD sigue luchando desde fuera de las instituciones para defender a los españoles de la mala política. Y, por si alguien no lo recuerda, seguimos contando con extraordinarios concejales y una eurodiputada incansable que se rompen la cara día a día para defender nuestro programa político.

Como siempre he defendido, del dicho al hecho hay gran trecho. Sólo debemos fijarnos en Nicolás de Miguel, quien en el año 2012 (desde UPYD) defendía la supresión de los privilegios vascos y ahora, candidato por C’s, ya no le parece una urgencia porque no lo reclama nadie en la calle. Pues no, señores, la igualdad no es una moda. La igualdad se defiende por convicción, por principios y por ética. Tal vez no conozcan estos tres términos.

Sí es cierto que hemos dejado huella tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Vasco. Durante ocho años, Rosa Díez ha sido la política mejor valorada por los españoles y la que más propuestas ha realizado año tras año. Fue la primera mujer candidata a presidir el Gobierno y ella, junto con el resto de compañeros del Grupo Parlamentario, marcaron un antes y un después en la política española. Desde aquí le doy las gracias por haber hecho historia en la política española y por habernos dejado este gran legado que es UPYD, un partido político libre, progresista, que defiende lo mismo en cualquier rincón de España y que no se vende a nadie.

Gorka Maneiro, nuestro Portavoz nacional, ha hecho un trabajo digno de admirar (hasta por Albert Rivera) en el Parlamento Vasco. Durante estos años UPYD ha sido la única alternativa constitucionalista sólida en el País Vasco. Se ha opuesto a disparatadas y faraónicas obras innecesarias, como el soterramiento del TAV a su paso por Vitoria. Ha rechazado cualquier recorte en educación, sanidad o inversiones productivas. Ha defendido como nadie el Estado de Derecho, la legalidad vigente, las instituciones democráticas, la deslegitimación de las ideas totalitarias y la dignidad de la sociedad vasca. También ha luchado por conseguir una justicia independiente de los partidos políticos, la mejor de las garantías contra la corrupción.

Este es el trabajo hecho por UPYD en estos ocho años y que, lamentablemente, nadie podrá seguir haciendo en esta próxima legislatura. Pero que nadie se alarme, en el próximo Congreso Ordinario vamos a renovarnos y a recuperar, poco a poco, la confianza de la gente para seguir haciendo esto y mucho más.

¡Volveremos!

Javier Bezares

Un racismo tolerado

Un racismo tolerado

Artículo de Ernesto López Vallet, vicecoordinador adjunto de Joves de Societat Civil Catalana.

Al contrario que a muchos, a mí no me molesta admitir el éxito de la manifestación del 11S. Si bien es cierto que las cifras son significativamente inferiores a otros años, y que esta vez se han hinchado de forma bastante más descarada, siguen siendo las mayores manifestaciones que se han dado en la historia de Cataluña y los asistentes merecen todos mis respetos. Ahora bien, sí que me gustaría pedir a los líderes independentistas que vayan con cuidado, ya que, visto desde fuera, el movimiento que ellos dirigen comienza a mostrar ticks muy peligrosos.

Miren, no hablaré de los incidentes que tuvieron lugar durante la marcha de antorchas, ya que fanáticos los hay en todos los lados y de todos los colores, pero sí que es preocupante la tolerancia generalizada que gran parte del independentismo tiene hacia actitudes que en ocasiones rozan la xenofobia. Y podría hablar del Grupo Koiné, de la campaña de “España mata” de la ANC… pero hoy quiero referirme a la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia), asociación que cuenta con el respaldo, no solo de los partidos independentistas, sino de buena parte de los simplemente catalanistas. Recientemente Laura Fàbregas, en el diario digital “Crónica Global” denunció sin complejos algunos de los párrafos supremacistas de los estatutos de dicha asociación como el siguiente:

“Es de todos conocido que este espíritu agresivo, excluyente e inquisitorial, apartó a España de las corrientes científicas, políticas y humanísticas que se desarrollaban en Europa y en América. Cataluña, sin embargo, continuó manteniendo su lengua, su cultura, su derecho, sus costumbres, sus instituciones y su conciencia nacional desde antes de la formación del mismo Estado español, dentro del cual Cataluña se ha encontrado incómoda y menospreciada, obligándola constantemente a luchar con armas diversas para mantener y hacer valer su ser y su identidad”.

Si me permiten, quiero detenerme en este párrafo un instante. Más allá de la desfachatez intelectual que arrastra, vamos a concentrarnos en las consecuencias que implican aceptar estas tesis. Si asumimos que existe un “nosotros” que por el solo hecho de ser parte de nuestro colectivo ya es intelectualmente superior a un “ellos”, estamos reconociendo explícitamente la supremacía de nuestro grupo. La pregunta aquí es: ¿Qué hace a nuestro “nosotros” superior a su “ellos”? El ser catalanes, la nacionalidad. Pues perdonen que lo diga, pero el discurso de “somos mejores que ellos porque hemos nacido aquí” es el que blande la ultraderecha xenófoba de toda Europa. Si cambiásemos “españoles” por “árabes”, estos podrían ser perfectamente los estatutos de PxC, el FN o Aurora Dorada.

Y miren, aquí no estamos ante cuatro gatos radicalizados, sino que el propio President de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue Presidente de esta asociación. Como bien señala Fàbregas, 764 ayuntamientos catalanes (más del 80% del total) se han adherido a la AMI, después de que en el pleno se votase por mayoría absoluta. En absolutamente todos los municipios con mayoría independentista se ha aprobado sin discusión ni polémica la adhesión del ayuntamiento en cuestión a la AMI. Y miren, podemos tener diferentes opiniones sobre la independencia de Cataluña, eso es perfectamente legítimo, pero de allí a votar que estas barbaridades sean la ideología oficial del municipio hay un trecho.

Porque aquí no estamos ante el dilema de si queremos o no la independencia, el debate en cuestión es si nos creemos que los catalanes, por el solo hecho de serlo, somos una especie de raza superior al resto de los españoles. Y tengan en cuenta que todos los ayuntamientos que aprueban adherirse a la AMI están obligados a pagar una cuota anual a dicha asociación, lo cual tiene la misma lógica que hacer a un ayuntamiento socio del Barça, es decir, ninguna. No olvidemos que un alcalde es gestor circunstancial del ayuntamiento, no su dueño, y si simpatiza con estas doctrinas es perfectamente libre de darles él por su cuenta todo el dinero que quiera, pero si destina el dinero de todos los vecinos a ello está siendo un déspota.

Por eso me entristece tanto comprobar que ni un solo independentista se ha atrevido a decir “No” a la AMI ni a denunciar su evidente hispanofobia. En serio, me he puesto a buscar y no he encontrado un solo concejal de CDC, ERC o las CUP que en un gesto de dignidad democrática haga la más mínima crítica al supremacismo que esta asociación arrastra en sus estatutos o a la falta de calidad democrática que supone para Cataluña que los ayuntamientos rompan su principio de neutralidad subvencionándola. Y no solo independentistas, Ada Colau ha anunciado que piensa organizar una consulta para que Barcelona se adhiera a la AMI, e incluso el PSC ha votado a favor en varios municipios (Castelldefels, Terrassa…) a cambio del apoyo de los independentistas para gobernar.

Y todo esto es porque hace tiempo que en Cataluña cualquier insulto que se dirija hacia España o “el Estado Español” es tratado con mucha más tolerancia que una ofensa a cualquier etnia, religión, o cultura. El problema es que nos hemos acostumbrado a ver como normal aquello que no lo es en absoluto, y toleramos que se hagan cosas que cualquier persona con dos dedos de frente catalogaría de barbaridades. Si como sociedad continuamos tolerando estas actitudes, llegará un momento en que nos miraremos al espejo y diremos: “Joder, ¿en qué nos hemos convertido?”.

Ernesto López Vallet

 

Homeschooling, educación en casa

Homeschooling, educación en casa

El Homeschooling consiste en que los padres educan a sus hijos en casa. Es decir, no se escolariza a los niños en un centro educativo ni siguen una programación curricular establecidas por las administraciones. Actualmente en España ya hay entre 3.000 y 4.000 familias que lo llevan a la práctica.

No hay un perfil de familia específico que elija la opción de educar a sus hijos en casa. Por norma general, las familias eligen esta opción por motivos pedagógicos.

La Constitución Española reconoce la libertad de enseñanza. La Declaración de los Derechos Humanos defiende el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Sin embargo, el Homeschooling no está reconocido por la normativa en materia de educación. Se puede decir que hay un vacío legal en este sentido.

Los contrarios al Homeschooling defienden que con esta práctica se priva al alumno de la socialización y de la exposición a los problemas del día a día. También consideran que muchos padres no están capacitados para poder educar a sus hijos en casa.

Los defensores del Homeschooling, por su parte, opinan que con esta opción se respetan los ritmos individuales de aprendizaje de cada alumno. También se puede impulsar sus capacidades y aptitudes, aprender situaciones reales y el espíritu crítico. A diferencia de los alumnos que están escolarizados, los niños que participan del Homeschooling siguen una programación académica diseñada y ajustada acuerdo a su ritmo, motivaciones y capacidades.

La primera pregunta que nos hemos de plantear es si estos alumnos que estudian en casa van a poder obtener titulaciones oficiales. La respuesta es sí. Hay varias opciones:

  • Por una parte, la Ley obliga a las administraciones a garantizar la escolarización del alumnado que accede de forma tardía al sistema educativo. Por ello, puede acceder al curso que le corresponda por edad y obtener el título al finalizar sus estudios.
  • Por otra parte, a partir de los 18 años pueden realizar unas pruebas para obtener el graduado en Secundaria y, a partir de los 20, de Bachillerato.
  • También se puede estudiar en un centro extranjero a distancia y convalidar el título gracias a los convenios de homologación entre distintos países.

Sin duda alguna nuestras Señorías deben abrir un debate profundo sobre el Homeschooling, en el que se cuente con la reflexión de todas las partes implicadas: Administración, profesorado, alumnos y padres.

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