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Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan en nuestra sociedad un papel fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Es evidente que un Cuerpo de Seguridad insuficientemente retribuido constituye un Cuerpo desmotivado y corresponde a los poderes públicos cuidar con especial interés las condiciones socio-laborales de estos colectivos fundamentales en nuestro Estado de Derecho.
A día de hoy, independientemente de las congelaciones salariales de los funcionarios durante los últimos cuatro años, el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dista mucho de ajustarse a lo que se les exige en cuanto a horarios de trabajo, dedicación, responsabilidad y sacrificio.
Con todo y con eso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben hacer frente a unas diferencias salariales existentes entre los diferentes Cuerpos policiales que actúan en nuestro país siendo un ejemplo más de cómo el Estado de las autonomías fomenta el desequilibrio, y por tanto, la desigualdad entre los diferentes territorios autonómicos.
Por poner algunos ejemplos, la diferencia de ingresos entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d’Esquadra o Ertzainas puede llegar hasta los 16.000€ anuales. Hace siete años esa diferencia media era de unos 6.000€ anuales, en 2011 esa diferencia se acerca a los 12.000€ anuales en igualdad de tareas y categorías, según datos ofrecidos por sindicatos policiales. Por lo tanto, el coste medio para el Estado de un policía autonómico es de unos 10.000€ anuales superior al de un policía nacional o un guardia civil.
Lo cierto es que esta situación no es en absoluto nueva, ya en 2003 el entonces consejero del Gobierno Vasco, Javier Balza, aseguraba que la Ertzaintza «es probablemente la policía mejor pagada de toda Europa» y los datos le daban razón, pues en aquel momento la retribución de un agente de la Ertzaintza era de 31.828€ brutos al año, lo cual suponía un 40% más que su homólogo del Cuerpo Nacional de Policía —22.948€ al año— o de la Guardia Civil —25.198€ al año—.
Si bien es cierto que estas comparaciones resultan a veces complicadas —los cargos y niveles varían según el Cuerpo— a día de hoy el Cuerpo de Seguridad del Estado mejor pagado son los Mossos d’Esquadra. Solo en complementos salariales, un mosso del nivel más bajo puede aumentar su nómina hasta 1.700 euros más al mes y facturar hasta 2.700 euros. En Cataluña, los sargentos, divididos en ocho categorías, ganan entre 2.900 y 3.500 euros. Por cada subinspector, la Generalitat paga entre 3.500 y 3.800 euros al mes; unos 4.000 más si los trabajadores son inspectores y 4.600 euros los comisarios base.
El sueldo de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, varía en función de la unidad donde trabaje, el lugar de destino y el nivel del puesto que ocupe, excluyendo los complementos y las horas extras. Aún así, un policía raso gana 1.792 euros brutos mensuales (y casi 2.000 euros cada oficial), casi un 40% menos que los policías catalanes. Los subinspectores pueden ganar unos 2.200 euros brutos mensuales y más de 2.700 los inspectores que no son jefes, que reciben en nómina un plus de 400 euros.
Un guardia civil parte de un salario básico de 720 euros, al que debe añadirle el complemento de destino (372 euros mensuales) y un complemento específico general (máximo de 451 euros). También cuentan con un extra según el lugar de residencia (las más altas son para los que acepten irse hasta Ceuta o Melilla). Por ende, no muchos superan los 1.500 euros brutos al mes.
En el caso de los altos mandos (comisarios y comandantes) la diferencia es aún más notable. En el cuerpo policial catalán, el comisario mayor cobra más de 6.000 euros mensuales y ningún comisario percibe menos de 5.300 euros. En el Cuerpo Nacional de Policía, el comisario principal gana 50.325 euros brutos anuales: 3.776 mensuales sin contar las pagas extras. Otro 40% menos que sus colegas catalanes.

Dada la situación de desigualdad que generan las distintas remuneraciones, es imperativa la implantación de unas condiciones laborales homogéneas, de unos derechos sociales similares para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como de los Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales, y una retribución equiparable entre todos ellos. Estas medidas son fundamentales si queremos que la sociedad cuente con un servicio de seguridad más igualitario y en el que no se produzcan agravios comparativos en relación a las competencias, el territorio de origen o al nivel administrativo que pertenezca el Cuerpo de Seguridad.

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